Los datos cuantitativos recolectados hasta el momento por las autoridades exponen una realidad estremecedora. Las víctimas mortales identificadas en el país ascienden oficialmente a 1.430 muertos, mientras que la cantidad de personas que han recibido asistencia médica por lesiones y heridas se sitúa en 3.238 personas. El dato más alarmante y que refleja la verdadera dimensión de esta catástrofe es el volumen de ciudadanos cuyo paradero se desconoce, estimándose en alrededor de 51.000 personas sin localizar. La consolidación de estos balances se ha visto fuertemente entorpecida por el aislamiento parcial de diversas comunidades y el colapso de edificaciones e infraestructura vial, lo que obliga a las cuadrillas de salvamento a actualizar los reportes a medida que consiguen remover los escombros y acceder a los puntos más críticos.
El impacto de este desastre ha superado con creces las fronteras venezolanas, afectando de manera directa a numerosas comunidades de extranjeros residentes o de paso por la nación sudamericana. Esta situación ha desencadenado la inmediata activación de mecanismos diplomáticos y consulares en todo el mundo, intentando coordinar esfuerzos humanitarios y descifrar el destino de sus connacionales en medio del caos estructural provocado por los sismos.
