En los últimos ocho años, se han desperdiciado casi 2 mil millones de pesos de fondos federales que tenían que utilizarse para fortalecer a policías y fiscalías de 30 estados del país.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en investigación y en seguimiento 173 expedientes correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyos recursos fueron transferidos entre 2016 y 2023, pero que los gobiernos estatales no pudieron justificar con documentación comprobatoria válida en qué los gastaron.
