Comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio en Oaxaca revelaron la operación de un nuevo “cártel del despojo” que representa intereses inmobiliarios y empresariales y que, según denuncian, opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales, con la mira puesta en playas y zonas de protección ecológica con alta plusvalía económica o turística.
Los inconformes hacen responsable al gobernador Salomón Jara Cruz de lo que está pasando por su “omisión o por su complicidad” frente a la disposición indebida de los predios, y advierten que se está dejando el territorio al crimen organizado.
