El mercado ilícito de cigarrillos en México ha dejado de ser un simple fenómeno de evasión fiscal para convertirse en una de las herramientas más sofisticadas de la industria tabacalera para boicotear políticas de salud pública.
De acuerdo con estudios de Oxford Economics, en 2020 la venta de cigarros ilegales generó un boquete fiscal de 13,500 millones de pesos.
Mientras las grandes transnacionales señalan al aumento de impuestos como el culpable del contrabando, especialistas en control de tabaco revelan que la realidad es opuesta: la industria infla cifras y utiliza el comercio ilegal como un «espantapájaros» legislativo.
