Más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la reforma “regresiva” a la Ley General de Víctimas que elimina el tope mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
Consideraron que la nueva SCJN decidió “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.
Al no llevarse a cabo las modificaciones legislativas, constitucionalmente está establecido en la Constitución, que lo que procede es que la SCJN se formalice la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas, por lo que al reabrir la discusión se violó además “la garantía de seguridad jurídica”.
