El narcotráfico en México y en Latinoamérica ha evolucionado al grado que las organizaciones criminales no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino que se han convertido en grupos disputándose el poder político, al grado que ellos mismos designan a candidatos y funcionarios para que protejan sus intereses, e incluso, para ejercer coerción activa contra el Estado.
Según la investigación “Democracias Bajo Presión: Informe sobre Democracias y Desarrollo en América Latina y el Caribe”, hecha por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los operadores del narcotráfico, más allá de traficar drogas o de ejercer violencia directa, se insertan en las comunidades y amplían su influencia sobre la economía, la gobernabilidad y la provisión de servicios informales, lo que les permite diversificar y expandir sus fuentes de ingresos.
