La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se busca resarcir el daño que la delincuencia organizada provocó a la economía nacional y al patrimonio del Pueblo de México al introducir al país combustible de procedencia ilícita, evadir el pago de impuestos y comercializarlo ilegalmente.
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el contrabando de combustible o huachicol fiscal opera a través de complejas redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros.
