La Fiscalía General de la República (FGR) había decomisado en el estado de Guerrero una tonelada de cocaína al crimen organizado y, como marca la ley, la droga tenía que ser incinerada; sin embargo, un grupo de funcionarios sustituyó el cargamento de cocaína por leche en polvo y eso fue lo que ardió en el fuego.
La maniobra fue descubierta y hace unas semanas la Fiscalía destituyó y denunció a una decena de funcionarios, entre ellos al contralor de la dependencia, Arturo Serrano Meneses, el encargado en última instancia de dar el visto bueno a este tipo de operaciones.
