El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio luz verde a la resolución «La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua», un documento que pone al gobierno de Managua frente a una exigencia clara: regresar a la vía democrática. México, sin embargo, optó por no acompañar el texto.
Tres demandas centrales
El pronunciamiento reclama a las autoridades nicaragüenses que restablezcan el orden democrático en el país, que pongan en libertad, sin imponer condiciones, a quienes permanecen detenidos por razones políticas y que generen el entorno necesario para realizar comicios libres e inclusivos. Son planteamientos que la región discute desde hace años y que han profundizado la división entre los países del continente.
La resolución no se limita a un llamado general. El texto insta al gobierno de Nicaragua a poner en marcha acciones inmediatas, concretas y verificables en materia de derechos humanos y de gobernanza democrática. Es decir, el organismo busca que las promesas se traduzcan en resultados medibles y no queden en declaraciones.
La postura mexicana
Ante el pleno, Encinas explicó por qué México no respaldaría el documento. Rechazó cualquier intento de intervención extranjera en Nicaragua y se pronunció por una ruta distinta: la del diálogo, el impulso al desarrollo y la cooperación entre naciones.
El argumento coincide con la línea que la diplomacia mexicana ha sostenido por décadas, basada en la no intervención y en el derecho de cada pueblo a decidir su destino sin presiones externas. Bajo esa lógica, los pronunciamientos condenatorios de un organismo multilateral pueden endurecer las posiciones en lugar de acercarlas.
