Ante la grave crisis de seguridad que enfrentan en la Montaña Baja urgen definiciones políticas claras por parte de los tres niveles de gobierno. Cada nivel debe de involucrarse en la resolución de los problemas que han evidenciado una red de complicidades tejida desde las esferas gubernamentales. La ciudadanía agraviada se siente defraudada por la inoperancia de las autoridades. Demanda mayor compromiso y oficio político de quienes ostentan cargos públicos. Tienen la alta responsabilidad de alcanzar acuerdos duraderos nutridos de visiones plurales pero convergentes. En lugar de obstruir los planes interinstitucionales y manotear en la Mesa de Coordinación, debe prevalecer el bien superior de la gobernabilidad y el Estado de derecho.
Las autoridades municipales tienen la obligación de contribuir en este proceso de paz: el eje rector de sus actuaciones deben ser las víctimas que están sufriendo y resistiendo desde el umbral de la muerte. Como gobiernos locales tienen encomiendas específicas y compromisos circunscritos dentro de un marco constitucional que los rige.
