Por segunda ocasión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirle que retire de su lista de asuntos próximos a resolver el expediente con el que pretende analizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida contra México por el uso de las figuras de prisión preventiva oficiosa (o automática) y el arraigo, consideradas como violatorias de derechos humanos.
Se trata de la segunda vez que la Presidencia pide a la Corte abstenerse de resolver este asunto. La primera vez ocurrió en mayo de este año cuando, al justificar que llegarían nuevas y nuevos ministros electos tras la elección judicial, pidió retirar el proyecto para dejarlo en manos de los nuevos integrantes del Máximo Tribunal.
