Ignacio Gómez Villaseñor y Álvaro Salvador, especialistas en Ciberseguridad, Corrupción y Política le pusieron nombre y apellido a lo que muchos sospechan: el registro telefónico obligatorio, con fecha límite el 30 de junio, no solo está mal diseñado, sino que podría ser un festín para fraudes, filtraciones y errores de proporciones industriales.
Y detallan el proceso de manera preocupante; primero, el dato incómodo: “60% de los usuarios no se ha registrado, no por flojera, sino por desconfianza, y no es paranoia: las propias empresas de telefonía, ahora encargadas de resguardar esta megabase de datos, ya han sido hackeadas, sí, esas mismas a las que el gobierno decidió confiarles tu CURP, tu cara y tu línea”, alerta Gómez Villaseñor.
