Una pérdida estimada en 672 millones de pesos por la impresión de boletas electorales que no fueron utilizadas ha desatado tensiones internas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y colocado en el centro del debate a su presidenta, Guadalupe Taddei, el señalamiento surge tras detectarse irregularidades en contratos vinculados con la producción de material electoral, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la planeación y supervisión del gasto.
Las observaciones se concentran en la contratación y elaboración de documentación electoral cuyo volumen superó las necesidades reales del proceso correspondiente, parte de ese material terminó almacenado o destinado a destrucción, generando un impacto financiero considerable para el organismo encargado de organizar las elecciones federales.
