Un tribunal civil de Florida ordenó a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pagar más de 578 millones de dólares al Estado mexicano como reparación por daño patrimonial derivado de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
La resolución forma parte de las acciones legales emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recuperar recursos presuntamente obtenidos mediante contratos irregulares durante el sexenio de Felipe Calderón. Las investigaciones señalan que el dinero habría sido transferido a través de compañías y cuentas bancarias en distintos países.
El fallo también alcanza a integrantes de la familia Weinberg, señalados por participar en la estructura financiera utilizada para ocultar recursos. Con esta decisión, el gobierno mexicano suma otro avance en los litigios internacionales relacionados con García Luna, quien ya enfrenta condenas y procesos judiciales en Estados Unidos por corrupción y nexos con el crimen organizado.
