Mientras el gobierno federal insiste públicamente en que aún no existen pruebas concluyentes en las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, en México ya comenzaron a ejecutarse movimientos silenciosos, pero de alto impacto contra la llamada “red Rocha”.
De acuerdo con información revelada por fuentes consultadas al interior de la dependencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear cuentas bancarias de personas físicas y empresas relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, incluyendo a sus hijos, exfuncionarios y compañías que habrían recibido contratos públicos.
Las medidas representan las primeras acciones legales emprendidas en territorio mexicano alrededor del caso Rocha y abren una nueva línea de investigación distinta a la acusación presentada en Nueva York: presunto lavado de dinero y operaciones financieras irregulares.
