Las universidades públicas autónomas de nuestro país enfrentan hoy una embestida sin precedentes por parte de poderes políticos locales que confunden la autoridad que les otorgaron las urnas con el derecho a colonizar todo espacio público, incluso aquellos que la Constitución protege expresamente de su injerencia.
Lo que ocurre en Campeche, en Oaxaca y en Michoacán es la misma lógica de control ejercida con distintas herramientas: la fabricación de cargos penales, la presión electoral disfrazada de exhorto legislativo, el uso de sindicatos como arietes políticos y el recorte presupuestal como mecanismo disciplinario.
