La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró y dio trámite formal a una segunda demanda internacional colectiva interpuesta en representación de más de 400 jueces federales y magistrados de México, con esta resolución, el organismo de la OEA dictó un emplazamiento oficial que obliga al Estado mexicano a justificar legalmente las afectaciones de la polémica reforma judicial en un plazo improrrogable de cuatro meses.
Así lo confirmó Víctor Rodríguez Rescia, director de la organización Servicios Internacionales de Profesionales en Derechos Humanos (SIPDH), mediante una declaración en video donde detalló el avance de la estrategia legal internacional frente al desmantelamiento de la carrera judicial en el país.
