Por Karina A. Rocha Priego
Como es de algunos sabido -porque no es un tema que, lamentablemente, le interese mucho a la población, el próximo mes de septiembre inician labores los nuevos Jueces y Magistrados que fueron electos el pasado 1º de junio, durante una jornada electoral que tan solo contó con el 13% de participación ciudadana.
Como ya se ha comentado, en el Estado de México, los «elegidos» que, en su mayoría, fueron resultado del «acordeón» que «desde las alturas» fue ordenado tomaran en cuenta, sobre todo los servidores públicos de Morena, para marcar, como «dedazo» a quienes convienen a los tres niveles de Gobierno, les obligaron a tomar un curso de capacitación de ¡dos meses!, en la Escuela Judicial del Estado de México.
Y es que, como se temía, la mayoría de los «elegidos», serán jueces sin experiencia previa en tribunales, incluso algunos que se dijeron abogados, no lo son; otros, sí estudiaron la carrera de derecho pero, nunca litigaron, por lo que, su experiencia en salas de un tribunal es inexistente, lo cual, obligó a este «curso de capacitación» pero, estarán de acuerdo, en dos meses ¿Qué podría aprender alguien que nunca se ha codeado con el derecho?.
Peor aún. Podría suponerse que el curso «fast track» que están impartiendo en el Estado de México y en la Ciudad de México -no se tiene conocimiento de que en algún otro Estado se esté haciendo lo mismo-, se esté haciendo por la materia por la que fueron electos, o sea, penal, civil y familiar, pero no es así, lo están haciendo de manera general y no especializada, lo cual habla del poco interés que se tiene para que, los elegidos, en verdad cumplan con lo que se propone la 4T con la Reforma Judicial.
Nada más imagínese usted, querido lector, si en dos meses un juez o magistrado electo, el cual no obstante de ser abogado, nunca ha estado detrás de una barandilla en juzgado o ha ocupado algún cargo en el Poder Judicial, ¿puede estar totalmente capacitado en dos meses?, más aún, si no lo capacitan exclusivamente en la materia respecto de la que van a juzgar.
Es verdaderamente triste, pero a su vez peligroso, que quienes tendrán en sus manos expedientes de casos que pueden ir desde un divorcio hasta un asesinato o tal vez un caso de narcotráfico, no tengan ni la más remota idea de lo que tendrán que hacer, por lo que esa «justicia pronta, expedita y sobre todo, transparente», será una farsa más.
Peor aún, queridos lectores, cuando estos nuevos jueces y magistrados, se enfrenten a la obligatoriedad de los Juicios Orales, los cuales, seguramente, piensan que «son como en la tele» cuando, quienes tienen años ejerciendo el derecho y teniendo contacto diario con tribunales, todavía no alcanzan la experiencia necesaria para poder librar esos juicios. Parece fácil, pero no lo es ni lo será.
Aunque, seamos honestos, esa situación parece no importar a muchos cuando, se presume, las «instrucciones» que estos nuevos jueces y magistrados tienen es «atender a las necesidades» de la cúpula del poder, y no a los ciudadanos comunes y corrientes.
Además, el hecho de que algunos -o la mayoría- de los elegidos reconozcan que no tienen, como dicen, «experiencia completa» (sic), no significa que vayan a hacer bien su trabajo. Sí van a cobrar el sueldo prometido y van a gozar de todas las prestaciones que les otorgará el «nuevo cargo» pero nada más.
De ahí pensar que, los nuevos jueces y magistrados, solo «ocuparan un espacio» como «figura de autoridad» pero nada más, pues al no entender a fondo el complejo sistema jurídico que rige, tendrán que hacerse apoyar con personal de verdadera experiencia para, de entrada, tratar de resolver los asuntos «importantes» que tienen rezagados y, se dice que, en el Estado de México, la cifra no se puede saber a ciencia cierta, toda vez que los números exactos varían y no se encuentran disponibles de forma pública y consolidada pero, se puede inferir que existe un rezago significativo basado en datos de otros estados y en la información general sobre la carga de trabajo de los poderes judiciales.
Por lo tanto, puede decirse que estos personajes recién electos, llegarán con una máscara en los ojos, sin saber qué es lo que van a hacer pero, ojo, estamos ciertos que, algunos -si es que tienen conocimiento de ello- pedirán el auxilio de los llamados «secretarios proyectistas», o sea, un funcionario que asiste a jueces y magistrados en la elaboración de proyectos de resolución judicial pero que, para llegar a ese cargo, tuvo que cumplir con una serie de requisitos importantes que le permitan ejercer en ese lugar.
Afortunadamente, queridos lectores, en estas elecciones judiciales, no se tuvo que votar por un «secretario proyectista», lo que significa que los que estuvieron antes de la reforma y antes de la elección, siguen en sus cargos, serán estos los que sigan resolviendo los asuntos en los juzgados correspondientes.
Ahora bien. Presumen que, con esta Reforma Ju-dicial, se habrá de combatir, de manera contundente, la corrupción que siempre ha imperado en el sistema, pero, la que ésta escribe, se pregunta ¿y cómo piensan hacerlo?
Porque, estarán de acuerdo que, un buen asunto, de esos «gordotes», en manos de un proyectista podría ser «oro molido». ¿Por qué? Porque ante la inexperiencia o, mejor dicho, ante la ignorancia de un nuevo magistrado o un nuevo juez, este funcionario podrá hacer de las suyas, «convenciendo» «a Su Señoría” de que, el proyecto que le esté presentando «es el bueno» y solo requerirá de su firma, por lo que, quienes quieren obtener «un favor» de cualquier juzgado -de los nuevos- tendrá que «negociar» con el proyectista, y ése podrá «poner el precio que quiera al asunto», entonces, ¿A dónde quedó el combate a la corrupción?.
Y claro, aquí viene la revelación más inquietante: esa nueva centralidad del proyectista -hasta ahora una figura discreta dentro del aparato judicial- abre la puerta a una probable red de corrupción pero más sofisticada y menos visible.
Imaginemos este escenario: proyectistas sin vigilancia adecuada, con conocimientos jurídicos amplios, sin contrapesos y operando en las sombras de una estructura judicial encabezada por inexpertos.
Las condiciones están dadas para que muchos de ellos empiecen a «vender» resoluciones, a negociar el sentido de fallos en temas clave como libertades, sentencias, amparos, medidas cautelares, y a convertirse en operadores de un mercado paralelo de justicia.
Si el nuevo juez no entiende el expediente, si no domina el lenguaje jurídico, si depende completamente de su proyectista para interpretar el caso, ¿quién detiene a ese técnico si comienza a «negociar» el proyecto? ¿Quién lo audita, quién lo observa, quién lo denuncia?.
La reforma judicial, lejos de democratizar la justicia, podría estar gestando una estructura doble: una fachada elegida «por el pueblo» y una maquinaria técnica profundamente vulnerable a la corrupción.
En esa maquinaria, los proyectistas serán los nuevos árbitros del poder judicial, pero no por mérito o vocación, sino por omisión, por vacío de autoridad real.
La justicia no se improvisa, y su manipulación técnica puede ser tan letal como su captura política y esto, queridos lectores, ¡ya lo habíamos dicho!.
