La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier acción penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dependerá exclusivamente de que la Fiscalía General de la República (FGR) encuentre pruebas “claras y contundentes”. En ese escenario, aseguró, el caso se atendería conforme a las leyes mexicanas, sin permitir la intervención de autoridades extranjeras.
La mandataria subrayó que su administración mantiene una postura firme en defensa de la soberanía nacional. “No vamos a permitir la injerencia”, enfatizó, al referirse a posibles presiones o investigaciones provenientes del exterior. Reiteró que cualquier señalamiento deberá sostenerse con evidencia verificable dentro del marco legal del país.
El posicionamiento surge en medio de versiones y especulaciones sobre presuntos vínculos de actores políticos con actividades ilícitas, un tema que ha generado tensión en el ámbito público y mediático. Ante ello, Sheinbaum insistió en que no habrá encubrimiento, pero tampoco se actuará sin sustento jurídico.
Asimismo, destacó que la FGR es la única instancia facultada para conducir investigaciones de carácter federal y determinar responsabilidades. En ese sentido, llamó a evitar juicios anticipados y a respetar el debido proceso.
El caso ha cobrado relevancia nacional debido al contexto de seguridad en Sinaloa y a la atención internacional sobre la actuación de autoridades locales. Mientras tanto, el gobierno federal sostiene que cualquier resolución deberá apegarse estrictamente a la ley mexicana, privilegiando la autonomía institucional y el respeto a la soberanía.
