La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución judicial que le permite adjudicarse una residencia valuada en más de 51 millones de pesos, propiedad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, al acreditarse que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita.
El inmueble, ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tiene un valor estimado de 51 millones 701 mil 973 pesos, de acuerdo con información oficial difundida por la autoridad federal.
Según la investigación, los recursos utilizados para la compra de la propiedad están vinculados con la operación irregular de la planta Agronitrogenados, la cual fue vendida a sobreprecio a Petróleos Mexicanos cuando Lozoya Austin encabezaba la empresa productiva del Estado.
Dicha planta pertenecía a Altos Hornos de México (AHMSA), y su adquisición por parte de Pemex ha sido señalada como uno de los casos emblemáticos de presunta corrupción durante la administración pasada. Las autoridades han sostenido que el sobrecosto en la compra generó un daño patrimonial significativo al erario.
El fallo judicial representa un avance en las acciones de la FGR para recuperar bienes ligados a delitos de corrupción, particularmente en el caso de Lozoya, quien ha enfrentado diversos procesos penales por operaciones financieras irregulares, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Este aseguramiento se deriva de un procedimiento en el que la Fiscalía logró demostrar que el origen de los recursos utilizados para la adquisición del inmueble no correspondía a ingresos legales, sino a beneficios obtenidos de actos ilícitos relacionados con decisiones tomadas durante la gestión del exfuncionario en Pemex.
La residencia en Lomas de Bezares se suma a la lista de bienes bajo investigación o asegurados dentro del entramado de casos que involucran a Lozoya Austin, considerado una pieza clave en las indagatorias sobre corrupción en el sector energético mexicano.
En los últimos años, el caso Agronitrogenados ha sido uno de los más representativos en la narrativa gubernamental sobre combate a la corrupción, al evidenciar presuntos esquemas de desvío de recursos públicos mediante contratos inflados y operaciones financieras opacas.
Con esta resolución, la FGR refuerza su estrategia de litigio patrimonial para debilitar las estructuras económicas derivadas de actos ilícitos, enviando además una señal sobre la recuperación de activos en casos de alto perfil.
Aunque la defensa de Lozoya aún podría recurrir a mecanismos legales para impugnar la decisión, el fallo marca un precedente en la judicialización de bienes adquiridos con recursos vinculados a actos de corrupción en México.
