Por Karina A. Rocha Priego
En el Estado de México ya nadie gobierna pensando en resolver problemas, el verdadero motor político comenzó a moverse hacia otro lado, hacia la elección de 2027, una contienda que todavía no inicia oficialmente, pero que ya contaminó decisiones públicas, presupuestos, discursos, nombramientos, agendas y hasta silencios dentro del aparato estatal, porque cuando el poder empieza a mirar la sucesión, la administración deja de concentrarse en la ciudadanía y comienza a enfocarse en sobrevivir políticamente.
La realidad mexiquense hoy está marcada por una tensión que se percibe en todos los niveles del gobierno, funcionarios cuidando posiciones, grupos internos disputándose espacios, alcaldes operando estructuras, legisladores calculando alianzas y operadores políticos adelantando campañas disfrazadas de gestión institucional, mientras los problemas de fondo siguen creciendo en las calles, en hospitales, en ministerios públicos y en municipios donde la violencia ya se volvió rutina.
La elección de 2027 será monstruosamente grande, no sólo estarán en juego los 125 ayuntamientos y el Congreso local, también más de 450 cargos del Poder Judicial mexiquense, una elección inédita que convertirá al Estado de México en un gigantesco campo de batalla político donde partidos, grupos económicos y estructuras territoriales in-
tentarán apoderarse de espacios clave de poder, control y protección.
Y precisamente ahí está el verdadero problema, porque la elección todavía no llega, pero el gobierno ya empezó a comportarse como si estuviera en campaña permanente.
Austeridad de discurso, ambición de presupuesto.
Uno de los síntomas más evidentes de esta contaminación política es el discurso contradictorio alrededor del IEEM, por un lado se habla de austeridad, eficiencia y ahorro institucional, por el otro se gestionan ampliaciones presupuestales millonarias para enfrentar el proceso electoral que viene, una narrativa que exhibe cómo la clase política mexiquense habla de recortes cuando conviene mediáticamente, pero acelera el flujo de recursos cuando el objetivo es conservar poder.
El problema no es únicamente el dinero, el problema es el mensaje, porque mientras millones de mexiquenses enfrentan inseguridad, hospitales deteriorados, escuelas abandonadas, falta de agua y municipios colapsados financieramente, la maquinaria política ya comenzó a concentrarse en organizar la disputa del futuro electoral.
Y eso se nota
Se nota en funcionarios que desaparecen de la gestión cotidiana, pero aparecen cada vez más en eventos públicos, se nota en personajes que empiezan súbitamente a recorrer colonias que ignoraron durante años, se nota en alcaldes obsesionados con redes sociales mientras sus municipios siguen llenos de baches, basura, extorsión y miedo.
El discurso oficial insiste en hablar de transformación, pero la realidad empieza a parecerse demasiado a las viejas prácticas que Morena prometió combatir, grupos internos operando cuotas, disputas silenciosas por candidaturas, guerra de egos y una obsesión creciente por controlar estructuras antes de que llegue la gran batalla de 2027.
Porque en política, cuando todos comienzan a moverse al mismo tiempo, es porque el reparto ya empezó.
Morena enfrenta enemigo interno más peligroso que la oposición
La oposición mexiquense sigue debilitada, fragmentada y sin liderazgo claro, pero eso no significa tranquilidad para Morena, al contrario, el mayor riesgo para el partido gobernante ya no está afuera, está adentro.
Las fracturas internas comienzan a crecer silenciosamente.
Los grupos políticos empiezan a medir fuerza rumbo a alcaldías estratégicas como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Huixquilucan, mientras otros comienzan a construir candidaturas judiciales, redes territoriales y alianzas disfrazadas de proyectos ciudadanos.
Mientras eso ocurre, el gobierno corre el riesgo de entrar en una parálisis peligrosa, porque cuando la prioridad cambia de gobernar a posicionarse, las decisiones dejan de tomarse pensando en resultados y empiezan a calcularse electoralmente y ese es el momento más delicado para cualquier administración.
Porque el poder entra en una etapa donde ya no busca resolver conflictos, sino evitar costos políticos, esconder crisis y administrar daños mediáticos.
Ahí encajan perfectamente temas como el deterioro del ISSEMyM, la inseguridad en municipios clave, el desgaste de servicios públicos y el crecimiento de la percepción de abandono institucional en varias regiones del estado.
La administración mexiquense todavía tiene margen político, pero empieza a mostrar señales de desgaste prematuro, algo especialmente grave considerando que aún faltan años para la gran elección.
El riesgo más grave, convertir al Estado en un botín adelantado
Lo verdaderamente preocupante no es que los actores políticos piensen en 2027, eso es inevitable, lo grave es que el Estado de México comienza a correr el riesgo de convertirse en un botín administrado con lógica electoral anticipada.
Cuando eso ocurre, la seguridad deja de analizarse técnicamente y se convierte en narrativa política, la justicia deja de ser prioridad institucional y se transforma en control de espacios, el presupuesto deja de responder a necesidades sociales y empieza a utilizarse para construir posicionamientos.
El ciudadano queda atrapado en medio de esa disputa
La elección judicial será particularmente delicada, porque detrás del discurso de democratización existe un riesgo enorme de colonización partidista del Poder Judicial, operadores políticos impulsando perfiles, estructuras territoriales movilizando votos y grupos buscando capturar posiciones clave que deberían mantenerse alejadas de intereses electorales.
El problema es que el Estado de México conoce demasiado bien las consecuencias de mezclar poder político, control institucional y ambición electoral.
Las ha vivido durante décadas
Por eso el verdadero desafío para el gobierno de Delfina Gómez no será únicamente ganar elecciones futuras, sino evitar que la ansiedad sucesoria destruya anticipadamente la capacidad de gobernar, porque cuando una administración se contamina demasiado pronto por la sucesión, el tiempo deja de medirse en soluciones y empieza a contarse en candidaturas y, en el Estado de México, ese reloj ya empezó a correr.
