* Millones etiquetados no se ejercen, mientras la violencia contra las mujeres no da tregua……
Por Karina A. Rocha Priego
Emergencia administrada, no resuelta
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México nació como un mecanismo extraordinario para enfrentar una crisis extrema y sostenida, su propósito era romper inercias institucionales y obligar a las autoridades a actuar con carácter urgente; sin embargo, hoy opera como una estructura burocrática que produce comunicados y reportes, pero no transforma la realidad que viven miles de mujeres, los feminicidios, las desapariciones y las agresiones continúan con una regularidad alarmante, mientras el Estado administra la tragedia y presume esfuerzos que no se traducen en protección efectiva.
La alerta permanece activa en el papel, pero desactivada en la práctica, convertida en una formalidad que cumple requisitos administrativos sin alterar el patrón de violencia estructural que atraviesa a la entidad.
Millones en caja, vidas en riesgo
El discurso oficial insiste en presupuestos asignados, coordinación interinstitucional y acciones permanentes, pero el dato que desmonta esa narrativa es contundente, millones de pesos destinados específicamente a la Alerta de Género no se ejercen, no llegan a territorio, no fortalecen fiscalías, no amplían refugios, no profesionalizan policías, el subejercicio no es una simple falla técnica, es una decisión política que evidencia prioridades trastocadas.
En un Estado que encabeza desde hace años las cifras nacionales de feminicidio, mantener recursos sin aplicar no puede interpretarse como ahorro ni prudencia financiera, es negligencia institucionalizada, cada peso que no se convierte en prevención, investigación o protección representa una oportunidad perdida para evitar una agresión, una desaparición o un asesinato.
Municipios marcados por el abandono
Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Naucalpan, Metepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, se han convertido en símbolos de una violencia persistente, cuando la alerta fue decretada existían diagnósticos claros y recomendaciones precisas, fortalecer ministerios públicos, profesionalizar corporaciones policiales, intervenir zonas de riesgo, mejorar transporte y alumbrado, garantizar atención integral a víctimas y asegurar investigaciones con perspectiva de género.
Nada de esto era ambiguo ni improvisado, el problema no ha sido la falta de diagnósticos, sino la ausencia de ejecución sostenida y evaluable; una década después, muchas de las recomendaciones siguen siendo pendientes crónicos, atrapadas en la inercia administrativa y en la rotación política de responsabilidades.
Gasto vistoso, impacto limitado
El patrón de inversión confirma una lógica preocupante, se privilegian acciones visibles y de bajo costo político, luminarias sin mantenimiento, murales simbólicos, campañas sin evaluación independiente, talleres aislados que no modifican prácticas institucionales, se invierte en lo que puede inaugurarse y fotografiarse, no en lo que implica confrontar estructuras internas, sancionar omisiones o depurar corporaciones.
Las fiscalías continúan rebasadas, las carpetas de investigación se acumulan, los delitos se reclasifican para maquillar estadísticas y las familias de víctimas enfrentan un laberinto de trámites, indiferencia y revictimización, sin justicia no hay política preventiva que resista, la impunidad erosiona cualquier esfuerzo y convierte la alerta en una figura decorativa.
Opacidad como norma
La rendición de cuentas es fragmentada y tardía, los informes oficiales enumeran acciones, pero carecen de indicadores de impacto verificables, no se sabe con claridad cuántas agresiones se evitaron, cuántas órdenes de protección se cumplieron de manera efectiva, cuántas sentencias se obtuvieron derivadas de fortalecimientos institucionales financiados con recursos de la alerta.
Cuando colectivas feministas y organizaciones civiles solicitan información detallada, la respuesta suele diluirse en tecnicismos, evasivas o datos parciales, la opacidad no es un error de comunicación, es parte de un modelo que privilegia el control narrativo por encima de la evaluación pública rigurosa.
Violencia normalizada
Este manejo reproduce una lógica histórica en el Estado de México, administrar la violencia en lugar de desmantelarla, convertir la emergencia en rutina y el mecanismo extraordinario en trámite recurrente, el mensaje implícito es devastador, la vida de las mujeres puede esperar, los recursos pueden quedarse en caja, la urgencia puede diluirse entre oficios y comités.
La normalización de la violencia institucional no siempre se expresa en discursos abiertos, se manifiesta en omisiones, en retrasos presupuestales, en metas ambiguas y en prioridades desplazadas, la alerta sigue vigente formalmente, pero políticamente neutralizada.
Gobierno presume avances
Frente a los señalamientos, el Gobierno del Estado de México asegura mantener acciones permanentes a través de la Secretaría de las Mujeres y la coordinación con municipios, destaca programas como Caminemos Seguras, intervención de espacios públicos, instalación y rehabilitación de luminarias, cámaras de videovigilancia, botones de pánico y rediseño urbano con perspectiva de género.
También subraya el reforzamiento de Operativos Violeta mediante patrullajes focalizados, acompañamiento a víctimas y presencia en transporte público, así como procesos de capacitación a policías y servidores públicos para evitar la revictimización, según la versión oficial estas acciones han contribuido a disminuir riesgos y mejorar la atención institucional.
El contraste persistente
Sin embargo, organizaciones civiles cuestionan el subejercicio de recursos y la falta de evaluaciones independientes que permitan medir resultados reales, el contraste entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana de las mujeres en municipios con alerta sigue siendo evidente, mientras las cifras de violencia no muestran una transformación estructural sostenida.
No faltan marcos legales ni lineamientos técnicos, faltan decisiones firmes y consecuencias claras para quienes no cumplen, la responsabilidad tiene nombres y cargos, secretarías que no coordinan eficazmente, municipios que incumplen recomendaciones, fiscalías que no rinden cuentas y órganos de control que toleran subejercicios sin sanción.
Los millones no ejercidos no son un dato contable aislado, son una deuda acumulada con las mujeres mexiquenses, una deuda que se traduce en miedo cotidiano, en familias que buscan justicia y en instituciones que aún no logran romper el ciclo de impunidad, mantener el freno de mano es una decisión política, liberarlo también lo es, y cada día de retraso amplía el costo humano de una alerta que prometió ser extraordinaria y terminó atrapada en la rutina administrativa.
