* Economía sometida, Estado rebasado……
Por Karina A. Rocha Priego
Y ahora nos preguntamos, ¿ya se habrán dado cuenta las autoridades? ¿Será que son quienes solapan? ¿Acaso es por la gran cantidad de recursos que genera el crimen? Lo cierto es que el país no sólo enfrenta una crisis de seguridad, enfrenta una captura progresiva de su economía, una distorsión profunda de sus mercados y una normalización peligrosa de la violencia como mecanismo de control, lo que antes se leía como nota roja hoy se traduce en cierre de negocios, encarecimiento de productos, pérdida de empleos y una presión constante sobre millones de familias que ya no sólo viven con miedo, sino que pagan por sobrevivir.
Economía bajo asedio
El avance del crimen organizado dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un sistema paralelo que regula precios, define rutas comerciales y establece condiciones de operación en sectores clave, el campo, el transporte, el comercio, la minería y hasta el turismo están infiltrados por estructuras criminales que imponen cuotas, deciden quién produce y quién ven-de, alterando de fondo la lógica del mercado.
No se trata de una percepción, las cifras son contundentes, el impacto económico de la violencia alcanzó los 4.5 billones de pesos en 2025, equivalente a 18 por ciento del Producto Interno Bruto, una proporción que exhibe la magnitud del problema y la incapacidad institucional para contenerlo, no es un daño colateral, es un golpe estructural, pero estarán de acuerdo, si el crimen organizado no fuera solapado por los tres niveles de gobierno, el daño no sería tan alto.
El costo de la impunidad
Mientras el discurso oficial insiste en reducciones parciales de delitos, la realidad económica muestra otra cara, pérdidas cercanas a 800 millones de pesos diarios por robos, fraudes y daños patrimoniales, una sangría constante que drena recursos públicos y privados, debilitando la inversión y frenando el crecimiento.
A esto se suma el golpe a las finanzas públicas, más de 27 mil millones de pesos perdidos por robo de combustible, además del llamado huachicol fiscal que supera los 610 mil millones de pesos, una economía ilegal que no sólo evade impuestos, sino que compite y desplaza a sectores formales y, ¿a dónde están los detenidos por este delito?, ¿será que, lejos de ser detenidos, son protegidos por los nexos que existen con el alto mando gubernamental? En pocas palabras, porque son familia, ¿o no?.
La impunidad se convierte así en el principal incentivo del delito, porque cuando robar, extorsionar o contrabandear resulta más rentable que invertir, el mensaje es claro, el Estado no sólo ha fallado en contener, ha permitido la expansión de un modelo económico criminal.
Empresas en modo supervivencia
El sector empresarial no crece, resiste, las cifras de extorsión reportadas alcanzan 21 mil millones de pesos, con una cifra negra de 96.7 por ciento, lo que revela un fenómeno oculto, masivo y sistemático, donde denunciar no sólo es inútil, sino peligroso.
Las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas, pierden hasta 20 por ciento de sus ganancias por cuotas impuestas por grupos criminales, en muchos casos, operar significa pagar, callar y adaptarse, o simplemente cerrar, como ocurrió en zonas donde hasta 40 por ciento de los negocios han desaparecido y las inversiones que han y siguen dejando México.
Y es que la inversión deja de ser una apuesta de crecimiento para convertirse en un gasto de supervivencia, seguridad privada, seguros más caros, logística alterada, todo suma a una economía que no avanza, sino que se defiende.
Campo secuestrado
Si hay un sector donde la intervención criminal es brutal es el agro, productos como el aguacate y el limón ya no se rigen por oferta y demanda, sino por reglas impuestas por cárteles, cuotas por tonelada, control de cosechas y manipulación de precios, un sistema que encarece hasta en 40 por ciento el producto final.
Sin embargo, las marchas y bloqueos y reclamos de los campesinos han sido burlados por las autoridades que ¡no tienen tiempo de atender, escuchar y resolver!, pero si de repeler y hostigar para que los afectados “cesen sus esfuerzos de ser escuchados”.
El resultado es devastador, pérdidas hasta de 35 por ciento en la agroindustria, afectación directa a productores y consumidores, y una cadena alimentaria distorsionada, donde el crimen no sólo gana dinero, gana poder territorial.
Transporte y logística en riesgo
El transporte de carga vive bajo amenaza permanente, robos con violencia, cobro de derecho de paso y encarecimiento de seguros hasta en 200 por ciento, otro sector que sigue siendo ¡ignorado por el Gobierno!, mientas el impacto es inmediato, interrupción de suministros, aumento de costos y desarticulación de cadenas logísticas.
Cuando mover mercancías implica riesgo constante, la economía se ralentiza, se encarece y pierde competitividad, el país deja de ser atractivo no por falta de recursos, sino por exceso de inseguridad.
Familias que pagan la crisis
El daño más profundo no está en los grandes números, está en los hogares, el delito afecta a 29 por ciento de las familias, con pérdidas promedio de más de 6 mil pesos por persona, dinero que se va en robos, fraudes o medidas de protección.
Qué curioso, el Gobierno de la 4T “regala dinero” a los más vulnerables, prometiendo crecimiento, progreso y “bienestar” pero, ese mismo dinero es el que pierden esas familias en manos del crimen organizado; un crimen organizado “protegido por la 4T”.
La inseguridad no sólo reduce ingresos, redefine hábitos, limita movilidad, encarece la vida y genera un desgaste social que no aparece en los informes oficiales, pero que se siente en cada calle, en cada negocio cerrado, en cada familia que decide no salir.
Un Estado rebasado
El problema no es sólo la violencia, es la ausencia de control, el Estado ha cedido espacios, territorios y funciones, mientras los grupos criminales ocupan ese vacío, regulando economías locales y estableciendo su propia gobernanza.
La narrativa oficial de contención choca con una realidad donde el crimen fija precios, define rutas y condiciona inversiones, un escenario donde la autoridad no sólo llega tarde, muchas veces no llega.
Normalización del desastre
Lo más grave es la normalización, el país comienza a acostumbrarse a vivir así, a pagar cuotas, a evitar zonas, a modificar rutinas, a aceptar que la inseguridad es parte del costo de vida, una resignación peligrosa que erosiona la confianza social y debilita cualquier intento de cambio.
Dilema nacional
México enfrenta una decisión de fondo, recuperar el control o seguir cediendo terreno, no hay punto medio, la economía no puede crecer bajo amenaza permanente, ni la sociedad puede desarrollarse bajo extorsión constante y, en ese escenario, la pregunta ya no es cuánto cuesta la inseguridad, sino cuánto más está dispuesto a perder el país antes de reaccionar.
