Por Karina A. Rocha Priego
Los problemas no cesan para las recién llegadas administraciones municipales de Morena en el Estado de México. Desde que tomaron el control de las alcaldías, los gobiernos de Morena se han enfrentado a serias dificultades económicas y administrativas que han marcado el inicio de su gestión. En muchos casos, las alcaldías fueron recibidas no sólo en números rojos, sino con un sinnúmero de problemas que ahora deben ser resueltos. Este es el caso de Toluca, la capital del Estado de México, donde el alcalde morenista Ricardo Moreno Bastida heredó una situación caótica que incluye una serie de demandas laborales derivadas de despidos injustificados ocurridos durante la administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, seguido de la administración de Raymundo Martínez Carbajal. Esta problemática, junto con la falta de recursos, ha generado una tensión significativa dentro del gobierno municipal.
Ricardo Moreno Bastida asumió la alcaldía de Toluca con la esperanza de superar los retos que se presentaban, pero pronto se dio cuenta de la magnitud de los conflictos que había heredado.
Entre ellos, uno de los más graves como el de la deuda laboral, que se traduce en cientos de demandas por despidos injustificados que ocurrieron bajo las administraciones de Sánchez Gómez y Martínez Carbajal. Lo que agrava aún más la situación es que los recursos que, en teoría, debían haber estado destinados al pago de la nómina, no estaban disponibles. La administración de Sánchez Gómez nunca dio una explicación clara sobre por qué no se pagaban los salarios a tiempo ni sobre las razones detrás de los despidos injustificados. Esto dejó a muchos trabajadores con incertidumbre sobre su futuro y les generó la necesidad de demandar lo que consideraban un derecho.
La situación de los laudos laborales, es decir, las resoluciones judiciales que ordenan el pago de indemnizaciones o salarios atrasados, se han ido acumulando con el paso del tiempo.
Actualmente, la administración municipal de Toluca arrastra una deuda que asciende, tan sólo en laudos, a aproximadamente 90 millones de pesos, cantidad que, evidentemente, no existe en las arcas municipales.
Esta situación pone a Ricardo Moreno Bastida ante un dilema económico complejo. Aunque se ha especulado que el alcalde tiene la opción de solicitar un crédito para subsanar estas demandas laborales, él ha dejado claro que no tomará esa ruta.
Esto implica que, en lugar de hacer frente a los laudos y pagar indemnizaciones correspondientes a trabajadores despedidos, la administración municipal de Toluca podría optar por no cumplir con estos pagos por falta de recursos, lo que generaría un conflicto aún mayor con empleados afectados.
Además de esta carga económica, Ricardo Moreno se enfrenta a otra difícil situación: el cumplimiento de compromisos adquiridos durante su campaña electoral.
Al asumir la alcaldía, el morenista se vio «obligado» a cumplir con promesas que había hecho a diferentes grupos, lo que llevó a la toma de decisiones complicadas, como nuevos despidos sin el pago correspondiente de liquidaciones.
Es probable que estos nuevos despidos generen aún más demandas laborales, lo que agrava la situación financiera y administrativa del gobierno municipal. Este ciclo de demandas y problemas económicos parece no tener fin.
Sin embargo, lo que ha comenzado a generar un gran malestar en los empleados del gobierno municipal de Toluca es la práctica que ha adoptado la administración de Moreno Bastida. Se ha informado que, ante la falta de recursos para enfrentar sus compromisos financieros, la autoridad municipal ha empezado a exigir a los empleados «donaciones», reteniendo los sueldos completos de dos quincenas y sus primas vacacionales. Es importante destacar que estas «donaciones» no son voluntarias, sino que han sido presentadas como una exigencia para mantener el empleo. Según las denuncias, los trabajadores han sido amenazados con ser despedidos si no cumplen con esta «donación» obligatoria, ya que el municipio fue saqueado por anteriores administraciones.
La cantidad que se les exige a los empleados equivale a dos quincenas de su salario más lo que corresponde a la prima vacacional, lo que representa una suma considerable de dinero para los trabajadores.
Esta práctica no sólo vulnera los derechos laborales de los empleados, sino que también pone en evidencia la grave situación económica por la que atraviesa la administración municipal.
La «donación» se empezará a aplicar a partir del 15 de abril de 2025, y para ello, se les solicita a los empleados entregar su talón de pago de nómina, lo que genera más desconfianza, ya que se pretende comprobar que efectivamente se realizó la «donación» de acuerdo con la cantidad establecida.
El argumento oficial que se ha dado para justificar esta práctica es que el dinero recaudado de las «donaciones» se utilizaría para el pago de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, quienes, según la administración, son intocables.
Sin embargo, ha comenzado a circular el rumor de que, en realidad, el dinero recaudado no se destinaría a los pagos de los empleados sindicalizados, sino que se utilizaría para cubrir las «cuentas particulares» de algunos funcionarios de alto rango dentro del gobierno municipal, incluyendo al propio alcalde.
Este tipo de rumores ha alimentado la desconfianza en la administración de Ricardo Moreno Bastida, que ya se encuentra bajo una gran presión, debido a los múltiples problemas que enfrenta.
De acuerdo con denuncias, se rumora que, antes de iniciar la administración municipal de Ricardo Moreno Bastida, hubo quienes estuvieron cobrando hasta 200 mil pesos por plaza; plazas que, seguramente, o no entran en el rango de «donación obligatoria de sueldos» o, igual hacen caso omiso a ello y vuelven a cobrar el cargo público otorgado, lo cual derivaría en una cifra que provocaría más tensiones internas y la falta de transparencia en el manejo de los recursos del ayuntamiento.
Esto ha generado una gran indignación entre los empleados municipales, que sienten que se les está exigiendo un sacrificio económico injusto mientras que algunos funcionarios siguen beneficiándose de prácticas cuestionables.
En resumen, la situación de la administración de Moreno Bastida en Toluca refleja una serie de problemas que no sólo son económicos, sino también de transparencia y manejo ético de los recursos públicos.
La falta de pago de laudos, los despidos injustificados, las «donaciones» obligatorias y los rumores sobre el uso indebido de los fondos públicos generan una creciente desconfianza entre los empleados municipales y la ciudadanía en general. A medida que se intensifican estas tensiones, la administración de Morena en Toluca tendrá que encontrar soluciones urgentes para evitar que la crisis financiera y laboral se profundice aún más.
Por supuesto que, ante estos rumores, tendría que «entrarle», primero, el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de México, las secretarías de la Contraloría y del Trabajo, respectivamente, para evitar que, Toluca, se convierta en un nuevo conflicto político-social-económico que afecte, todavía más, la imagen de Morena en el Estado de México.
