La influencia de los cárteles no se limita a un problema de seguridad pública o de simple criminalidad organizada; se ha asentado profundamente en las estructuras políticas, administrativas y sociales del país y afecta de forma directa a la gobernabilidad, al Estado de derecho y a las garantías democráticas.
Desde mediados del siglo XX, los grupos criminales han desarrollado estrategias cada vez más elaboradas. Su objetivo es influir en la toma de decisiones públicas o, incluso, sustituir funciones propias del Estado, resalta el trabajo.
