Diversos análisis del sector privado, entre ellos el empresario Manuel Herrejón Suárez, estiman que el impacto conjunto del fraude y la extorsión podría representar alrededor del 1.7% del Producto Interno Bruto nacional, debido a pérdidas patrimoniales, afectaciones operativas, costos de prevención y disminución de inversión.
Además, especialista señaló que la discusión pública se ha concentrado principalmente en el riesgo de concentración de datos personales, dejando parcialmente de lado la dimensión económica y operativa del crecimiento del delito. “Mientras el debate se polariza, el delito no espera”, expuso en su más reciente análisis.
