A mediados de octubre de 2025 en algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales se publicaron y difundieron dos videos en los que señalaron al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a otros funcionarios de su gobierno de sostener nexos y acuerdos con el crimen organizado.
El mandatario potosino no sólo negó dichas afirmaciones, sino que hizo un llamado público para el Congreso local; dijo que “sería un buen marco para que los diputados se pongan a legislar ya algo en el tema de la inteligencia artificial”.
Para el 4 de noviembre, menos de un mes después de los hechos, el diputado del Partido VerdeEcologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar el «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social» hasta con seis años de cárcel.
