México se encamina a su quinta evaluación internacional sobre combate al lavado de dinero con vacíos legales, metas sin cumplir y fragilidades que no han sido solventadas, especialmente en las llamadas “actividades vulnerables”, señalaron analistas financieros.
Resaltaron que México aún no cuenta con el marco legal que obligue a las empresas con actividades profesionales no financieras a implementar los protocolos de capacitación y los sistemas de alertas.
