Consumidores denunciaron que el sector de distribución de gas licuado de petróleo (LP) enfrenta retos económicos y operativos que ponen en riesgo el abasto, debido a la imposición de precios por parte del gobierno desde hace seis meses. Y aseguraron que esta medida no considera los costos reales de distribución y, por lo tanto, compromete la continuidad del servicio y genera impactos negativos.
