En México, el problema del robo de combustibles dejó de limitarse a la perforación clandestina de ductos para evolucionar hacia mecanismos más complejos, difíciles de detectar y con fuerte impacto económico.
El llamado huachicol fiscal, basado en la importación de gasolina bajo clasificaciones arancelarias incorrectas para evadir impuestos, se consolidó como una de las principales amenazas para el mercado formal, al tiempo que abrió espacio a la circulación de combustibles adulterados que comprometen el funcionamiento de los vehículos.
