Este 27 de febrero, en medio de una ola de acciones judiciales y operativos contra el crimen organizado en México –que incluyeron la extradición de 29 reos vinculados al narcotráfico a Estados Unidos– se anunció la liberación de Rosalinda, identificada como la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Rosalinda había estado detenida en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas actividades financieras ilícitas y lavado de dinero, casos que se vinculaban con el entramado del CJNG.
Su situación judicial se había caracterizado por un proceso controvertido en el que se identificaron posibles fallas o irregularidades procesales, lo que motivó que los jueces revisaran la legalidad de su detención.
La decisión de ponerla en libertad se dio en el mismo día en que México llevaba a cabo importantes medidas contra el narcotráfico, demostrando un ambiente de cambio y de presión tanto interna como externa (con Estados Unidos exigiendo acciones contundentes).
Aunque los detalles específicos del fallo no se han divulgado en su totalidad, la resolución judicial sugiere que no se encontró evidencia suficiente para sostener los cargos en su contra o que se detectaron vicios en el procedimiento que justificaron su liberación.
La medida ha generado diversas interpretaciones. mientras algunos analistas señalan que podría tratarse de una depuración del sistema judicial, otros advierten que podría formar parte de una estrategia más amplia para negociar con Washington en medio de la amenaza de aranceles y la necesidad de cooperación en materia de seguridad.
La liberación de Rosalinda se produce en un contexto en el que el gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos contra el crimen organizado, evidenciado por extradiciones históricas y operativos contra altos capos.
Para algunos observadores, este desenlace podría impactar la estructura interna del CJNG o influir en la percepción pública sobre la lucha contra el narcotráfico, en tanto se debate el equilibrio entre garantizar el debido proceso y mantener una política de mano dura contra las organizaciones criminales.
En resumen, la puesta en libertad de Rosalinda el 27 de febrero de 2025 se enmarca en un escenario de alta tensión y cambio en la política de seguridad de México, en el que tanto las acciones judiciales como las negociaciones internacionales –especialmente con Estados Unidos– están remodelando la estrategia del país frente al narcotráfico.
