Los primeros siete acusados bajo esta nueva política son dos colombianos, tres mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses. Según el Departamento de Justicia (DOJ), se les imputa por tráfico de drogas, armas y petróleo, así como por brindar apoyo material a organizaciones consideradas terroristas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.
