En un giro que marca un antes y un después en la política comercial del país, el presidente Donald Trump anunció la implementación de un arancel del 25% sobre todos los automóviles que no sean fabricados en Estados Unidos. La medida, que se suma a los gravámenes ya vigentes, es parte de una estrategia más amplia para impulsar la manufactura local, proteger empleos y reducir la dependencia de insumos extranjeros.
La decisión se produce en un momento de creciente tensión en las relaciones comerciales internacionales. Durante los últimos años, la administración Trump ha apostado por una política de «reciprocidad comercial», orientada a nivelar las condiciones para las empresas estadounidenses frente a sus competidores extranjeros. Este nuevo arancel se suma a otras medidas que han afectado productos procedentes de países como Canadá, México, India y diversas naciones de Asia.
La estrategia se ha fundamentado en la premisa de que el proteccionismo puede ser una herramienta efectiva para revitalizar la industria nacional. El presidente Trump, en su alocución desde la Oficina Oval, enfatizó que la medida no es arbitraria, sino parte de un conjunto de políticas destinadas a incentivar la producción interna y, al mismo tiempo, presionar a los socios comerciales para que adopten medidas que favorezcan a las empresas de Estados Unidos.
Reacciones y Expectativas en el Sector Automotriz
El anuncio ha generado sorpresa y preocupación en el sector automotriz. Grandes fabricantes como Ford, General Motors y Stellantis, que recientemente habían logrado obtener exenciones en aranceles anteriores para productos provenientes de Canadá y México, ahora se enfrentan a la posibilidad de ver alterada la cadena de suministro y los costos de producción. La exención vinculada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estaba programada para expirar el 2 de abril, lo que hacía esperar a los actores del sector un alivio temporal hasta esa fecha.
