Un nuevo caso de presunta conducta inapropiada por parte de una figura del poder judicial ha generado indignación en redes sociales y ha encendido las alarmas sobre el comportamiento de ciertos funcionarios públicos. En esta ocasión, se trata de Willi Gómez, actual juez de control en el estado de Chihuahua, quien fue señalado por protagonizar un altercado con una mujer dentro de las instalaciones del Ministerio Público.
De acuerdo con el testimonio de varias personas presentes y el material videográfico que circula en diversas plataformas digitales, los hechos ocurrieron cuando una ciudadana acudió a la sede del Ministerio Público para dirigirse al personal de la institución. En ese momento, el juez en cuestión intervino de manera abrupta, colocándose entre la mujer y los funcionarios, y apuntándole directamente al rostro con la luz de su teléfono móvil, una acción que ha sido calificada como una invasión directa a su espacio personal.
Testigos del incidente señalan que el resplandor emitido por el dispositivo fue tan intenso que provocó molestia visual inmediata en la mujer afectada. Este tipo de acciones, según especialistas en derechos humanos, puede interpretarse como una forma de agresión, especialmente si se realiza de forma deliberada y en un contexto de tensión.
La situación ha provocado una oleada de críticas hacia el juez, no solo por su actitud en este episodio, sino por su historial público, ya que anteriormente fue candidato a un cargo de elección popular en su municipio. Diversas voces ciudadanas han expresado preocupación ante la posibilidad de que personas con ese tipo de actitudes escalen a posiciones de mayor poder dentro del sistema político y judicial.
Organizaciones civiles y colectivos han comenzado a exigir una investigación formal sobre lo ocurrido, con el fin de determinar si hubo violaciones a los derechos de la mujer involucrada y si se incurrió en alguna falta administrativa o legal por parte del servidor público. También han pedido a las autoridades judiciales del estado que emitan una postura oficial sobre el incidente.
El respeto y la protección de los derechos humanos dentro de las instituciones del Estado son pilares fundamentales en una democracia. La ciudadanía ha comenzado a cuestionar el tipo de perfiles que ocupan cargos clave dentro del sistema judicial, argumentando que una conducta agresiva o prepotente por parte de estos funcionarios pone en riesgo la confianza pública y la imparcialidad que debe regir en la impartición de justicia.
Por su parte, ni el funcionario implicado ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado han emitido declaraciones públicas al respecto. La falta de una respuesta inmediata ha sido interpretada por algunos como un intento de minimizar los hechos o de encubrir una conducta reprobable.
El caso ha comenzado a ganar notoriedad en el ámbito local, y se teme que si no se toman medidas adecuadas, podría sentar un precedente negativo sobre la manera en que se abordan las denuncias contra figuras del poder judicial. Activistas, abogados y ciudadanos en general han instado a no dejar este tipo de actos en la impunidad, y a garantizar que todos los funcionarios públicos, sin importar su cargo o antecedentes políticos, sean responsables por sus actos, dentro y fuera del ejercicio de sus funciones.
Este episodio pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la ética en el servicio público y la necesidad de contar con mecanismos eficaces de rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno.
