En recientes días, personal operativo adscrito y comisionado a la Universidad de Formación Policial (UNIPOL) ha manifestado su inconformidad ante una serie de medidas impuestas por la Coordinadora General de dicha institución, Tisbet Trejo García. Las denuncias se centran principalmente en cambios arbitrarios en las condiciones laborales que, de acuerdo con los afectados, vulneran sus derechos humanos y laborales.
Uno de los principales motivos de inconformidad es la imposición de un nuevo horario laboral bajo el esquema de 12 horas de trabajo por 12 de descanso, implementado sin previo aviso ni consulta. Este cambio, además de ser sorpresivo, ha sido presentado bajo un discurso autoritario, en el cual se exige acatarlo o, en su defecto, aceptar la baja de comisión o cambio de adscripción. Esta decisión, aseguran, no contempla los largos tiempos de traslado hacia las instalaciones de la UNIPOL, ubicadas a una considerable distancia para muchos de los elementos, lo que afecta directamente su salud física, su estabilidad emocional y su vida familiar.
El impacto del nuevo esquema de turnos ha sido particularmente severo para el personal con responsabilidades familiares. Policías con hijos pequeños o personas a su cargo se ven imposibilitados de brindarles la atención necesaria, debido al agotamiento y a los tiempos limitados que tienen entre cada jornada. Esta dinámica ha generado un deterioro en la calidad de vida del personal, con afectaciones en su entorno personal y emocional.
Asimismo, el personal ha señalado que no se proporcionó sustento jurídico que respalde el cambio de jornada laboral. Según testigos, la Coordinadora General únicamente justificó su decisión apelando a la obediencia y disciplina que debe regir dentro de la corporación, argumentando que responde a instrucciones superiores provenientes del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta respuesta ha generado aún más incertidumbre entre los elementos, quienes consideran que la falta de fundamentos legales contradice los principios básicos de transparencia institucional.
Otro de los puntos críticos expuestos es la incompatibilidad del nuevo esquema horario con las funciones académicas y de formación policial que se llevan a cabo en la UNIPOL. La exigencia de permanecer 12 horas dentro de las instalaciones sin una planeación clara ha sido calificada como antipedagógica, ya que, según el personal docente, no es viable impartir clases o realizar instrucción continua durante tanto tiempo sin que se comprometa la calidad del proceso educativo.
Se ha señalado también que durante varias horas adicionales al turno habitual, el personal simplemente permanece dentro de las instalaciones sin una asignación clara, lo cual indica una deficiente planeación en la distribución de tareas y una aparente sobreexplotación de recursos humanos.
Ante esta situación, los elementos afectados solicitan la intervención urgente de las autoridades competentes para que realicen una investigación imparcial sobre las condiciones laborales impuestas en la UNIPOL. Consideran que, si bien la disciplina es un principio fundamental dentro de la formación y operación policial, esta no debe ser utilizada como pretexto para imponer medidas que vulneran los derechos humanos del personal.
Los elementos recalcan que la obediencia institucional no debe confundirse con sumisión frente a decisiones que no respetan la legalidad ni los principios de dignidad humana. Exigen un entorno laboral justo, equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales, que les permita ejercer su labor sin poner en riesgo su bienestar ni el de sus familias.
