Una reciente acción por parte de las autoridades federales ha provocado que más de 6.000 inmigrantes sean erróneamente clasificados como personas fallecidas, afectando de forma directa su estatus legal y sus posibilidades de sostenerse en Estados Unidos. Esta medida ha conllevado la cancelación de sus números de Seguro Social, herramienta esencial para acceder a derechos y servicios básicos, como el empleo, la atención médica o la apertura de cuentas bancarias.
Los inmigrantes afectados por esta política se encuentran en el país de manera temporal, bajo programas implementados por administraciones anteriores que les otorgaron autorización legal para vivir y trabajar en territorio estadounidense. Sin embargo, su inclusión en registros federales utilizados para monitorear a personas fallecidas ha generado un bloqueo administrativo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
El número de Seguro Social, elemento clave del sistema de identificación y verificación en Estados Unidos, les ha sido retirado sin previo aviso. Esta cancelación limita su acceso a servicios fundamentales como la banca, la vivienda formal, servicios médicos, seguros y contratos laborales. La falta de este número no sólo representa un impedimento legal, sino que también convierte su vida diaria en una lucha constante por mantenerse dentro de un sistema que ya no los reconoce como parte activa.
