Una revisión en la estructura arancelaria ha puesto sobre la mesa que determinados bienes no amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá deberán enfrentar un impuesto del 25% al ingresar a los mercados de los países signatarios. La decisión se enmarca en el esfuerzo por incentivar la producción regional y garantizar que los productos comercializados en la región cumplan con los criterios de origen establecidos.
La normativa estipula que solo las mercancías que demuestren haber sido fabricadas íntegramente en el territorio de alguno de los países miembros o que alcancen los porcentajes mínimos de contenido regional gozan de exenciones arancelarias. En contraste, productos que provengan de cadenas de suministro internacionales o que no logren cumplir con los requisitos de producción se verán afectados con un gravamen del 25%, una medida que busca desalentar la dependencia de insumos y bienes elaborados fuera del bloque.
Entre los bienes que se prevé resulten impactados se encuentran aquellos sectores que han dependido tradicionalmente de componentes y materias primas importadas. La industria automotriz, por ejemplo, se encuentra en el centro del debate, ya que los vehículos y autopartes que no alcancen el umbral de contenido regional se verán obligados a pagar el arancel. Esta medida podría inducir a las empresas a replantear sus cadenas de producción, buscando incrementar la inversión en componentes locales para evitar los costos adicionales.
