Debido a que la extorsión constituye uno de los delitos predicados de operaciones con recursos de procedencia ilícita para ser colocados, dispersados y movilizados en el sistema financiero e incorporados a la economía formal, la banca privada que opera en el país, deberá cumplir con una nueva disposición para poder detectar casos sospechosos.
Con base en el análisis y la experiencia de la banca, se sabe que dichas operaciones concentran alrededor del 70% de las observadas.
