Por Karina A. Rocha Priego
La reciente propuesta de Claudia Sheinbaum para reemplazar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con una nueva entidad subordinada al Ejecutivo no es una simple reestructuración institucional, es un ataque frontal -y premeditado- contra los contrapesos que permiten la sana convivencia democrática y la libre economía. Esta reforma, que fue presentada con el disfraz del «fortalecimiento estatal», es en realidad un paso más hacia la concentración autoritaria del poder económico en manos del gobierno de Morena.
Sheinbaum, heredera del proyecto obradorista, comienza su sexenio con una agenda que confirma los peores temores de quienes advirtieron que su «continuidad con sello propio» no era más que propaganda, pues esta propuesta, señalada con claridad por el senador panista Marko Cortés, desmantela uno de los pilares más importantes del mercado mexicano: la garantía de competencia libre y efectiva.
Golpe a la autonomía y la inversión
La Cofece, con todos sus defectos, ha sido una institución autónoma que ha contenido prácticas monopólicas, ha promovido la competitividad y ha defendido a los consumidores del abuso de poder por parte de grandes corporaciones y del propio Estado, por lo que sustituirla por un órgano que responda directamente al Ejecutivo no sólo debilita su función esencial, sino que convierte al gobierno en árbitro y jugador al mismo tiempo.
El mensaje que se envía a los inversionistas es brutal: México ya no es un país que respeta las reglas del mercado, sino uno donde el gobierno las cambia a conveniencia.
¿Qué empresa querrá competir en un entorno donde el árbitro responde a Palacio Nacional? ¿Qué inversionista extranjero va a apostar capital en un país donde los órganos reguladores pueden ser disueltos por decreto presidencial?.
Justo en el momento en que el país intenta capitalizar las oportunidades del nearshoring, en el que la inversión extranjera exige certeza jurídica, independencia institucional y condiciones competitivas, la nueva administración opta por dinamitar la confianza, siendo esto una torpeza monumental y, peor aún, es una decisión ideológica.
El regreso del monopolio disfrazado de justicia
El modelo que Sheinbaum intenta consolidar no es nuevo: es el viejo estatismo que ya fracasó en México en los años 70 y 80.
Un Estado omnipresente, con empresas públicas ineficientes, subsidios dirigidos con fines políticos y reguladores al servicio del poder y todo esto en nombre del «bien común», pero en realidad usado para fines clientelares y de control político.
Se habla de «combatir a los intereses privados que abusan», pero no se habla del abuso del poder público cuando no hay vigilancia.
La Cofece, como otros organismos autónomos, existe precisamente para evitar que el poder económico -ya sea de empresas o del Estado- se imponga sin límites y suprimirla es suprimir el equilibrio, instalar una economía sin árbitros, con las cartas marcadas desde el poder.
Y sí, hay sectores donde la intervención estatal es necesaria; sin embargo, una cosa es regular, y otra muy distinta es acaparar, y el verdadero peligro de esta reforma es que Morena no busca un Estado más fuerte al servicio de todos, sino un Estado que concentre poder para manipular, para premiar a aliados y castigar a críticos: en pocas palabras, eso no es justicia económica, es populismo autoritario.
Una advertencia para la democracia
Esta reforma no es sólo un tema técnico o económico: es un síntoma de la erosión sistemática de los equilibrios republicanos.
Primero fue el Inai, luego el INE, ahora la Cofece
El patrón es claro, cualquier institución que funcione como contrapeso es vista por el régimen como un obstáculo que debe ser removido y con «la manada» legislativa servil y una oposición debilitada, el camino está abierto para un nuevo episodio del asalto institucional.
La democracia no se destruye con tanques, simplemente se desmonta por dentro, con reformas administrativas que parecen legales, pero que tienen la intención de debilitar las estructuras que impiden el abuso.
Cada organismo autónomo eliminado es una piedra menos en el muro que protege a la ciudadanía del autoritarismo.
Marko Cortés tiene razón al encender las alarmas, pues quien crea que esta reforma es un ajuste menor, no entiende el riesgo que corre el país.
Hoy es la Cofece; mañana será otra institución incómoda, mientras el modelo de nación que Sheinbaum impulsa no es de justicia con equidad, sino de concentración con control.
La presidenta no propone transformar al Estado para hacerlo más eficiente, propone subordinarlo para que nadie le estorbe.
Una elección encubierta
Lo más grave es que esta iniciativa no fue discutida en campaña, ni formó parte central del debate público, simplemente se considera una traición temprana a millones de mexicanos que votaron por estabilidad, no por centralismo.
Una maniobra legislativa que no se atrevieron a plantear claramente antes del 2 de junio, y que hoy sale a la luz sin consultar a nadie y es así como gobierna Morena: primero engaña, después impone.
Queda por ver si la oposición tendrá el valor y la estrategia para frenar esta embestida, pero más allá del Congreso, la ciudadanía debe entender lo que está en juego: defender la autonomía de los órganos reguladores no es un capricho tecnocrático: es defender la competencia, la inversión, la justicia económica… y la democracia.
Sheinbaum no puede hablar de transformación mientras arrasa con los cimientos institucionales del país.
Esta reforma no es una modernización, es una regresión y es, sin duda, una más del gobierno de Sheinbaum.
