Los efectos de la designación de grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras podrían ser «considerables», sobre todo para el sector empresarial, valoran expertos y un estudio de la Cámara de Diputados.
En un entorno económico globalizado, señalan, cualquier pago realizado por empresas, organizaciones o individuos vinculados, directa o indirectamente a un cártel, podría interpretarse como una forma de apoyo a organizaciones terroristas.
Empresarios y organizaciones también corren el riesgo de que las autoridades sospechen o presuman su vinculación con las mismas organizaciones que los asedian, además de un posible aumento de la violencia como resultado de la fragmentación de los cárteles.
«Este impacto no se limitaría a compañías mexicanas, sino que también podría extenderse a estadounidenses y multinacionales con operaciones transfronterizas. Tal situación podría derivar en una paralización de proyectos y transacciones comerciales, motivada por el temor a posibles sanciones legales o económicas», señala un estudio de la Cámara de Diputados.
